San Luis no escapa al flagelo global 1 de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Entre septiembre de 2024 y junio de 2025, en las Tres Circunscripciones Judiciales de la provincia llegaron a juicio 269 causas penales. En la Primera Circunscripción, que abarca los Departamentos Pueyrredón, Belgrano, Ayacucho y Pringles, casi el 50% de ellos fueron por delitos contra la integridad sexual. Este dato adquiere mayor relevancia si se considera que el otro 50% corresponde a todos los demás tipos de delitos: contra la propiedad, el patrimonio, la libertad, las personas, entre otros.
En la mayoría de estos casos, al momento de ocurrir el abuso sexual, las víctimas eran niños, niñas o adolescentes, y los agresores resultaron ser adultos cercanos: familiares directos, allegados o personas en una posición de confianza o autoridad. Este patrón refleja una de las características más complejas del abuso sexual infantil: suele darse en el ámbito doméstico o en espacios donde la víctima debería estar protegida.
No son hechos aislados.
Que casi la mitad de los juicios estén relacionados con este tipo de delitos no solo demuestra su gravedad y frecuencia, sino que revela que se trata de un fenómeno estructural. La respuesta judicial es fundamental, pero resulta insuficiente si no va acompañada de políticas públicas integrales de prevención, educación, protección y acompañamiento a las víctimas.
Los investigadores del CONICET Alejandro Capriati, Gabriela Wald y Ana Clara Camarotti afirman que el abuso sexual infantil es uno de los modos en que se manifiesta la violencia sexual. Señalan que incluye desde el uso de la fuerza o la manipulación para obtener contacto sexual, hasta conductas menos directas como el exhibicionismo o el acoso digital.
Además, cuestionan una visión muy arraigada en la sociedad: pensar que estos hechos son cometidos solo por “monstruos”, “enfermos” o “casos excepcionales”. Esta mirada tranquilizadora pero equivocada ubica al agresor fuera del tejido social, lo convierte en un “otro patológico”, y así evita reconocer que la violencia sexual ocurre en espacios cotidianos y muchas veces es ejercida por personas cercanas.
Las marcas que perduran y la importancia de ser creidos
Para la doctora en Psicología del Poder Judicial, Érika Valdebenito, es necesario romper con estereotipos que naturalizan el silencio y el abuso en la esfera privada. Subraya que “las consecuencias psicológicas que se han relacionado con la experiencia de abuso sexual infantil pueden perdurar a lo largo del ciclo evolutivo y configurar, en la edad adulta, los llamados efectos a largo plazo. Pero siempre la dimensión y connotación subjetiva sobre ello estará atravesada por diversas variables: las características de personalidad de la víctima, la edad en la que acontece el evento abusivo, la cronicidad del mismo, los modos en los que fue implementado, el vínculo con el agresor, el tiempo en que se da el develamiento, pero también el acompañamiento recibido luego por los referentes afectivos y la vivencia de que, además de acompañar, creen su relato”.
El acompañamiento que recibe una víctima, especialmente por parte de adultos significativos, puede incidir de forma determinante en su proceso de recuperación. Ser escuchados y creídos es un factor de protección frente a la repetición del daño.
Prevenir también es educar
Valdebenito también advierte que la posibilidad de prevenir el abuso depende de múltiples factores sociales y culturales:
“La prevención está asociada a variables como poder hablar del tema, brindar a niños, niñas y adolescentes información sobre lo que es un abuso y sus derechos. En ese sentido, la Educación Sexual Integral (ESI) ha sido una gran herramienta: permite a las infancias poner en palabras lo padecido y romper con la cronicidad del acto abusivo”.
En este marco, se vuelve urgente fortalecer las políticas educativas, garantizar el acceso efectivo a la educación sexual y promover entornos donde niños, niñas y adolescentes puedan identificar, nombrar y denunciar situaciones de vulneración.
Barreras y desafíos del proceso judicial.
Muchas víctimas no denuncian el abuso en el momento en que ocurre. El miedo, la culpa, el vínculo emocional con el agresor, la falta de adultos protectores o el temor a no ser creídos explican, en parte, el silencio. En otros casos, los relatos aparecen recién en la adultez, cuando pueden identificar lo vivido y encuentran redes de apoyo.
El sistema judicial enfrenta el desafío de intervenir sin revictimizar. Aún persisten prácticas que pueden generar dolor y re traumatización: declaraciones reiteradas, exposición al agresor, demoras procesales o falta de contención.
Normas y prácticas de abordaje
El Estado Argentino cuenta con herramientas legales importantes: la Ley 26.061, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de Belém do Pará y el Código Penal, que tipifica estos delitos entre los artículos 119 y 131.
En San Luis, el Poder Judicial ha desarrollado herramientas específicas para abordar estas causas, como entrevistas videograbadas, Cámara Gesell, equipos interdisciplinarios y fiscalías especializadas, que buscan reducir la exposición de las víctimas y garantizar procesos más respetuosos.
Pero aún queda mucho por hacer para garantizar una justicia accesible y ágil. La formación permanente de operadores judiciales, la coordinación con equipos psicosociales y la escucha activa son parte de este camino que ya comenzó a transitarse.
Una responsabilidad compartida
El abuso sexual infantil no es solo un problema del sistema judicial, ni puede abordarse únicamente desde la lógica punitiva. Es un fenómeno profundamente social y cultural, que exige transformar las condiciones que lo permiten: el silencio, el poder desigual, la normalización de ciertos vínculos, la falta de educación sexual, la impunidad.
Construir una sociedad más justa y segura para las infancias requiere que todos los actores –familias, escuelas, medios de comunicación, justicia y comunidad– asuman un compromiso activo. Escuchar, creer, educar y actuar son las claves.
El Estado Argentino cuenta con herramientas legales importantes: la Ley 26.061, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de Belém do Pará y el Código Penal, que tipifica estos delitos entre los artículos 119 y 131.
En San Luis, el Poder Judicial ha desarrollado herramientas específicas para abordar estas causas, como entrevistas videograbadas, Cámara Gesell, equipos interdisciplinarios y fiscalías especializadas, que buscan reducir la exposición de las víctimas y garantizar procesos más respetuosos.
Pero aún queda mucho por hacer para garantizar una justicia accesible y ágil. La formación permanente de operadores judiciales, la coordinación con equipos psicosociales y la escucha activa son parte de este camino que ya comenzó a transitarse.
REFERENCIAS
(1) Según datos oficiales de UNICEF, la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es considerada un problema global de salud pública y derechos humanos. Más de 370 millones de niñas y mujeres (1 de cada 8) y 240 millones de niños y hombres (1 de cada 11) han sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años, según estimaciones de ese organismo publicadas en octubre de 2024.
Fuente Periódico judicial.
