La reportera especial de Folha de S.Paulo, ganadora del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2025, ha dedicado más de una década a investigar la manipulación digital en elecciones de Brasil, India y Estados Unidos. En su clase magistral en el Festival Gabo 2025, presentó un recorrido por las estrategias de desinformación que han transformado estos procesos democráticos.
La desinformación se ha consolidado como una de las amenazas más críticas para la integridad de los procesos democráticos en Latinoamérica. Su capacidad para polarizar sociedades, erosionar la confianza en las instituciones y manipular la opinión pública la convierte en un arma de alta efectividad en la contienda política. Comprender la evolución de sus estrategias no es solo un ejercicio académico, sino una necesidad estratégica para periodistas, analistas y ciudadanos comprometidos con la defensa de un ecosistema informativo saludable.
En este contexto, la periodista brasileña Patrícia Campos Mello ha emergido como una de las autoridades más autorizadas en la materia. Como reportera especial de Folha de S.Paulo, autora del libro La máquina del odio y recientemente galardonada con el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo, sus investigaciones han expuesto las operaciones de manipulación digital en Brasil, India y Estados Unidos. Su trabajo, que combina el periodismo de campo con el análisis de datos y que fue profundizado durante su tiempo como investigadora en la Universidad de Columbia, ha impulsado cambios concretos en la legislación electoral brasileña.
En su clase magistral durante el Festival Gabo 2025, sintetizó la evolución de las tácticas de desinformación electoral desde las operaciones de envío masivo de mensajes hasta las sofisticadas estrategias híbridas que definen el panorama actual, partiendo desde el caso que marcó un antes y un después en la región: la instrumentalización de WhatsApp durante las elecciones presidenciales de Brasil en 2018.
La instrumentalización de WhatsApp como arma política
Las elecciones brasileñas de 2018 representaron un punto de inflexión en la guerra de la información en Latinoamérica. Este caso es fundamental para comprender las tácticas seminales de desinformación masiva, donde la aplicación de mensajería privada WhatsApp fue transformada en una poderosa arma política a una escala sin precedentes. La campaña presidencial del entonces candidato Jair Bolsonaro fue pionera en el uso intensivo de esta herramienta para diseminar narrativas falsas y movilizar a su electorado.
La estrategia de contenido se fundamentaba en su alto componente emocional y su capacidad para generar pánico moral. Un ejemplo que se convirtió en símbolo de esta campaña fue la imagen de un "chupo con forma de pene", utilizada para acusar a candidatos progresistas de querer imponer una supuesta "ideología de género" en la educación infantil. Además de estos contenidos chocantes, se vieron patrones de desinformación sobre presunto fraude electoral (“hay más votos que votantes”), una táctica recurrente para socavar la confianza en el sistema.
La escala masiva de esta operación fue posible gracias a un ecosistema operativo bien estructurado, que funcionaba a través de varios componentes clave:
Software de envío masivo: se recurrió a agencias de marketing especializadas en comunicación digital para ejecutar las campañas. Estas agencias utilizaban software que emulaba el funcionamiento de WhatsApp para enviar miles de mensajes de forma automatizada y simultánea.
Venta de bases de datos: se comercializaban enormes listas con números de celular de votantes, a menudo segmentadas por estado, rango de edad o nivel de ingresos. Según la investigación, personal de empresas de telefonía celular estaba implicado en la venta de estas bases de datos.
Uso de SIM cards y CPFs fraudulentos: para registrar los miles de números necesarios para hacer los envíos, se creó un mercado negro. En lugares como Santa Ifigênia en São Paulo, se utilizaban los números de CPF (registro de contribuyentes, necesario para adquirir una SIM) de personas mayores, a menudo sin su conocimiento, para activar nuevas líneas. Esto evidenciaba el carácter predatorio de la operación.
El proceso de investigación liderado por Campos Mello y su colega Artur Rodrigues fue crucial para sacar a la luz esta maquinaria. Su metodología se apartó de lo convencional al recurrir a las cortes laborales como una fuente primaria de información. Al contactar a trabajadores descontentos de estas agencias, lograron obtener pruebas irrefutables, como fotografías de las operaciones y mensajes de los gerentes coordinando el trabajo. La fuente clave fue un exempleado que habló de manera reveladora porque "también quería lograr un acuerdo" en una denuncia laboral que había interpuesto. Esta dependencia de fuentes humanas y registros públicos sigue siendo una metodología crucial recomendada ante la creciente opacidad de las plataformas digitales.
Las acciones que detalló Campos Mello eran flagrantemente ilegales según la legislación electoral brasileña, que prohíbe la campaña negativa en línea y exige declarar todos los gastos de campaña. Al ser financiadas por terceros y no ser reportadas, las operaciones constituían una forma de propaganda ilícita y de financiación irregular, cuya escala quedó ilustrada en un reportaje posterior donde, contó Campos Mello, un individuo "declaró haber gastado en combustible lo suficiente para darle la vuelta al mundo 18 veces" para ocultar el verdadero uso del dinero. Las tácticas observadas en 2018 no fueron un evento aislado, sino el preludio de una rápida y peligrosa evolución en las estrategias de manipulación.
El cambio a un ecosistema híbrido de desinformación
Tras la experiencia de 2018, las estrategias de desinformación evolucionaron desde la dependencia en WhatsApp hacia un ecosistema multiplataforma más complejo. Este cambio representó una evolución estratégica hacia una estructura de comando más centralizada y adyacente al Estado, orquestada por actores como el llamado "gabinete del odio", un grupo de asesores cercanos a los hijos del presidente Bolsonaro que actuaban como sus estrategas digitales.
La arquitectura de este nuevo ecosistema se diseñó para amplificar narrativas de desinformación a través de varios componentes en sinergia:
Canales de Telegram y youtubers: se convirtieron en los nuevos centros neurálgicos para la difusión de contenido, permitiendo una comunicación directa y sin filtros con audiencias masivas y altamente comprometidas.
Sitios web de "noticias basura" (junk news sites): estos portales funcionaban como "un ala de propaganda de campaña", publicando contenido sesgado para atacar a opositores. Su modelo de negocio se basaba en la monetización a través de publicidad programática (ej. Google Ads). El impacto de estos sitios fue tal que su audiencia llegó a superar la de periódicos consolidados como Estadao, utilizando una táctica parasitaria: estaban "básicamente reeditando las historias y los reportajes que nosotros publicamos, con un sesgo moral", dijo Campos Mello.
La narrativa central de este período se alineó con tendencias internacionales. Campos Mello traza un paralelismo directo entre el movimiento "Stop the Steal" que cuestionó los resultados electorales en Estados Unidos en 2020 y la intensa campaña liderada por el propio Bolsonaro contra la fiabilidad de las máquinas de votación electrónica en Brasil. En esta fase, el principal origen de las narrativas de desinformación no eran actores anónimos, sino el propio presidente, quien utilizaba su plataforma para sembrar dudas sobre la integridad del sistema democrático.
Esta complejización del ecosistema de desinformación presentó un desafío mayúsculo para las plataformas tecnológicas, cuya respuesta, como se analizará a continuación, fue a menudo insuficiente, tardía y marcada por una creciente opacidad.
La creciente inacción de las plataformas digitales
El rol de las plataformas tecnológicas ha sido reactivo e inconsistente, caracterizado por una autorregulación fallida y una deliberada reducción de la transparencia, lo que ha creado un entorno más permisivo para los actores de desinformación. Aunque poseen las herramientas para mitigar la propagación de contenido dañino, su aplicación de políticas ha sido errática.
La evolución de la respuesta de las plataformas puede trazarse a través de una cronología de acciones y omisiones:
Negación inicial (2018): cuando las primeras investigaciones salieron a la luz, la respuesta de WhatsApp desde Estados Unidos fue una negación categórica: "No, eso no está ocurriendo".
Admisión tardía (2019): apenas un año después, un representante de WhatsApp admitió públicamente que su plataforma había sido utilizada para "propósitos irregulares" y que comenzarían a tomar acciones legales.
Doble rasero regulatorio (2022): se hizo evidente en las elecciones brasileñas de 2022: mientras existían reglas robustas para EE. UU. y Alemania, en Brasil la situación era diferente. Campos Mello señala el caso de TikTok, que "solamente tradujo las reglas de Estados Unidos al portugués", sin adaptarlas al contexto local.
El intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 en Brasilia sirve como un caso de estudio contundente sobre el fracaso de la autorregulación. Un video circuló en Facebook donde un hombre incitaba explícitamente a la violencia y a "tomarse el Congreso". A pesar de que "cinco o seis usuarios de Facebook reportaron este contenido", la plataforma tardó 20 días en eliminarlo. "Los moderadores, incluyendo también moderadores humanos, vieron este contenido y nadie consideró que estaba en contra de las reglas de Facebook", dijo Campos Mello. Un fallo que demostró la aplicación ineficaz de sus propias políticas.
A esta inacción se suma la desaparición de herramientas de transparencia vitales para la investigación. La biblioteca de publicidad política de Google y Facebook permitía rastrear propaganda no declarada. La pérdida de acceso a CrowdTangle, una herramienta de Meta para monitorear contenido público, fue calificada por Campos Mello como "una tristeza", al eliminar una ventana crucial para entender las dinámicas de viralización.
Esta creciente opacidad obliga a los periodistas a buscar métodos de investigación alternativos, precisamente cuando las tácticas de manipulación se vuelven más sofisticadas.
Nuevas fronteras de la manipulación
Ahora hemos pasado a estrategias que desdibujan la línea entre lo orgánico, lo pagado y lo incentivado. El concepto de astroturfing —definido por Campos Mello como la práctica de simular un movimiento social espontáneo (grassroots) cuando en realidad es artificial y orquestado— ha evolucionado. La manipulación ahora es híbrida, mezclando incentivos económicos con activismo aparentemente genuino, lo que complica su clasificación y regulación.
Dos casos de estudio ilustran esta nueva tendencia:
Caso Pablo Marçal (Brasil): este influencer y candidato a la alcaldía de São Paulo organizó competiciones con premios en dinero para el seguidor que creara la edición de video más viral sobre él. Logró una difusión masiva que no era ni propaganda tradicional ni un movimiento orgánico: operaba en una zona gris que finalmente fue declarada ilegal por las cortes electorales.
Caso de Musk en la campaña Trump (EE. UU.): el magnate Elon Musk ofreció, como parte de la campaña presidencial de Donald Trump en 2024, la oportunidad de ganar un millón de dólares a cambio de firmar una petición en defensa de la Segunda Enmienda (derecho a portar armas). Para participar, era necesario estar registrado para votar. Esta acción incentivaba indirectamente el registro de votantes afines a determinada ideología bajo el velo de un concurso.
Frente a la sofisticación de tácticas legalmente ambiguas, el periodismo también debe innovar. Campos Mello destacó un reportaje de la India como ejemplo de vanguardia: un periodista usó software de reconocimiento facial para analizar horas de videos de supuestos debates políticos espontáneos en la calle. Descubrió que las mismas personas, actores pagados, aparecían en múltiples videos haciéndose pasar por ciudadanos comunes, exponiendo la naturaleza fabricada de un debate que se presentaba como auténtico.
El análisis de Patrícia Campos Mello confirma que la contra la desinformación es una carrera armamentista en la que las tácticas de manipulación evolucionan constantemente para evadir la regulación, el escrutinio periodístico y las políticas de las plataformas. En este sentido, Campos Mello propuso una serie de herramientas y metodologías prácticas para quienes investigan la desinformación:
Utilizar herramientas de monitoreo especializadas. Herramientas como Palver son cruciales para rastrear narrativas en YouTube y grupos públicos de WhatsApp y Telegram, que permiten identificar tendencias emergentes.
Colaborar con universidades y centros de datos. Muchas instituciones académicas realizan un mapeo riguroso de grupos y narrativas de desinformación, y pueden proporcionar bases de datos y análisis metodológico sólido.
Investigar las bibliotecas de publicidad política. Mientras existan, estas bases de datos son una mina de oro para identificar gastos no declarados, violaciones normativas y el uso de perfiles de "alquiler" o falsos para comprar propaganda.
No subestimar las fuentes tradicionales. La investigación de Campos Mello demuestra el valor de métodos clásicos. Archivos de cortes laborales y el contacto con exempleados siguen siendo fundamentales para descubrir operaciones encubiertas.
Promover la educación mediática. La defensa más sostenible es una ciudadanía crítica. Es esencial enseñarle a diferenciar hechos de opiniones y a verificar fuentes. Como admitió la propia Campos Mello, incluso los expertos pueden errar; contó cómo compartió una noticia entusiasta con amigos, solo para que uno le señalara: "Esa noticia es de hace cuatro años". La lección es universal: siempre hay que verificar la fecha y el contexto de la noticia, sobre todo cuando parece "demasiado bueno para ser cierto".
Seguir haciendo periodismo. En última instancia, la experiencia de Patrícia Campos Mello deja una lección contundente: en la era de la manipulación digital, el periodismo riguroso, colaborativo e innovador no es solo una profesión, sino el principal baluarte para la defensa de la verdad y la integridad de nuestras democracias.
Fuente Fundación Gabo/
Andrés Martínez Zalamea
